Nueva Ley General del Equilibrio Ecológico: lo que cambia para las empresas en inspección e impacto ambiental

El 26 de agosto de 2026 el Ejecutivo federal firmó una iniciativa que abroga la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) de 1988 y expide una ley nueva. El texto se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 1 de septiembre y está en comisiones, de modo que todavía no es ley y puede cambiar en el dictamen. Aun así, la versión presentada deja ver hacia dónde va el sistema de inspección, sanción e impacto ambiental, y hay decisiones que las empresas pueden empezar a tomar desde ahora. En el Colegio de Abogados Ambientalistas cotejamos la iniciativa, artículo por artículo, contra la ley vigente; estos son los cambios que consideramos de mayor alcance.

Una vía para regularizar obras sin autorización de impacto ambiental

Hoy, cuando una obra se construyó u opera sin la autorización de impacto ambiental, lo habitual es que la situación se resuelva dentro de un procedimiento de inspección, con multa y riesgo de clausura. La iniciativa abre, por primera vez en la ley, una vía directa: la empresa puede solicitar por su cuenta la autorización después de iniciar o terminar la obra, siempre que presente un estudio de daño ambiental con las medidas de compensación y restauración y una garantía suficiente (art. 53).

No es una tregua. La autoridad de procuración conserva sus facultades durante la evaluación y, si en seis meses no se otorga la autorización, debe ejercerlas. Por eso la regularización tiene que prepararse bien antes de presentarse.

La vía se complementa con la manifestación espontánea (art. 266): quien da a conocer la infracción a la autoridad, sin denuncia ni intervención previa de la autoridad, del ministerio público o de un juez, obtiene la atenuación de las sanciones y puede recibir como incentivo la reducción de la multa, su conmutación por un proyecto ambiental o un convenio de reparación. Para acceder a esos incentivos se exigen planes de prevención y de reparación, una garantía y, en las empresas, acreditar un control organizacional preventivo. Quien espera a ser inspeccionado pierde esta puerta.

La PROFEPA cambia de nombre y de método

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pasará a llamarse Procuraduría Federal de Justicia Ambiental y actuará mediante seis "actos de procuración": prevención, vigilancia, verificación, inspección, investigación y reconocimiento de hechos (art. 257). La novedad de mayor efecto práctico es la revisión de gabinete: la ley dispone que no es necesaria una orden de visita para que la autoridad verifique el cumplimiento revisando los documentos que requiera por escrito (art. 280). Con menos visitas de campo, la autoridad podrá revisar a muchas más empresas, así que el expediente de cumplimiento (autorizaciones, licencias, cédula de operación anual, manifiestos y bitácoras) tiene que estar ordenado y disponible.

Estas reglas no son solo federales: la iniciativa ordena a las autoridades de procuración locales aplicarlas en su ámbito (art. 255), de modo que también alcanzan a la Procuraduría de Medio Ambiente de Veracruz.

Multas más altas y un registro de infractores

El tope de la multa pasa de 50 mil a 2 millones de veces la Unidad de Medida y Actualización, cuarenta veces más que hoy (art. 305). Como ya prevé la ley vigente, la resolución puede suspender o revocar concesiones, licencias, permisos o autorizaciones, y la empresa responde por las infracciones de sus directivos y empleados cometidas en ejercicio de sus funciones o en su beneficio (art. 306).

La iniciativa crea además el Registro de Infractores Ambientales. Una sanción firme por alguna de las conductas que enumera la ley (entre ellas, obras sin autorización de impacto ambiental en sectores como el hidráulico, el eléctrico o el de desarrollos costeros, daños en áreas naturales protegidas y manejo de residuos peligrosos sin autorización) inscribe a la empresa y al inmueble de siete a diez años. Durante la inscripción, para tramitar permisos sobre la misma obra hay que garantizar el monto de las multas y daños, y se pierde el acceso a apoyos de la Administración Pública Federal. La inscripción se evita si el procedimiento termina con un convenio de reparación o compensación (arts. 312 a 315). Por eso cada acta y cada emplazamiento deben atenderse desde el primer día.

Otros cambios en impacto ambiental

Cuando la autoridad tiene que determinar si una obra requiere manifestación de impacto ambiental y no contesta a tiempo, hoy se entiende que no la requiere; con la iniciativa se entenderá que sí (art. 45). La compensación ambiental se vuelve una medida propia de la evaluación, que puede ser directa o mediante equivalencias económicas (art. 46), y el plazo para resolver pasa a ser de 45 a 60 días (art. 58).

Veracruz tendrá un año para ajustar su ley

La nueva ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación, y los congresos estatales tendrían un año para expedir o adecuar sus leyes (transitorio Décimo Primero). Es previsible que el esquema de regularización se traslade también a las obras de competencia estatal, como fraccionamientos, bancos de materiales o establecimientos comerciales, que hoy no tienen una vía propia para regularizarse.

¿Qué hacer ahora?

La iniciativa no suspende ninguna obligación actual, así que lo primero es mantener y reforzar el cumplimiento de la normativa vigente. Después, hacer el inventario de autorizaciones de cada instalación, ampliación y banco de materiales, y ordenar el expediente de cumplimiento para atender requerimientos de gabinete. Estaremos siguiendo el proceso legislativo: cuando la ley se publique la estudiaremos, daremos cursos de actualización y actualizaremos nuestro programa PREMA para que nuestros clientes estén protegidos.

Si quiere revisar cómo le aplican estos cambios a su empresa, consúltenos en colegiodeabogadosamb@outlook.com.

Las valoraciones y previsiones de este artículo son opinión del autor y no forman parte del texto de la iniciativa, que puede cambiar durante su discusión en el Congreso.